El PLD descarta pronóstico de crecimiento económico del 3.5% para RD en 2025.
En una rueda de prensa, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuestionó la proyección de crecimiento del PIB del gobierno del 3.5%, estimando que será solo del 2.6% o 2.7%. Temístocles Montás, uno de los vicepresidentes del partido, explicó que con un crecimiento del 1.5% en agosto y la reciente reducción de tasas de interés, alcanzar esa cifra sería “casi imposible”. La declaración tuvo lugar en la Casa Nacional del PLD.
En una rueda de prensa reciente, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hizo sonar las alarmas sobre la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del gobierno, que pronostica un 3.5%. Sin embargo, el PLD estima que la realidad será más modesta, alcanzando solamente un 2.6% o 2.7%.
Temístocles Montás, uno de los vicepresidentes del partido, argumentó que con un crecimiento del 1.5% en agosto y la reciente reducción de tasas de interés, llegar a la cifra planteada por el gobierno sería “casi imposible”. La declaración tuvo lugar en la Casa Nacional del PLD, donde se discutió, entre otros temas, la corrupción.
El presidente Luis Abinader proyectó en su gestión un crecimiento del 5% del PIB para el año 2025 en la República Dominicana. Sin embargo, el actual ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, redujo las expectativas, fijándolas en un 3.5%, debido al letargo financiero registrado.
Montás también criticó el aumento de la deuda pública bajo la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Según datos económicos expuestos, la deuda ascendió a USD$76,763.8 millones en julio de este año, representando el 58.9% del PIB, un incremento significativo comparado con la administración anterior.
El PLD propone una estrategia clara para revitalizar la economía nacional, que incluye la reactivación de la inversión pública para generar empleo y desarrollo, la reducción de las tasas de interés en créditos para emprendedores, el fortalecimiento de programas de apoyo a pequeñas empresas y la protección del poder adquisitivo mediante la reducción de costos de bienes y servicios.
