Más de 80 mil empresas son proveedoras del Estado en el país.

La Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) dio a conocer que en el año 2025 emitió un total de 35 decisiones de inhabilitación del Registro de Proveedores del Estado (RPE) debido a incumplimientos contractuales y presentación de documentos falsos. Además, se tomaron medidas contra 91 registros de proveedores relacionados con delitos de corrupción. En la República Dominicana, hay alrededor de 80,034 empresas activas registradas como proveedoras del Estado.

Durante el pasado mes de diciembre, la DGCP informó sobre las decisiones tomadas en relación con el Registro de Proveedores del Estado. Se realizaron inhabilitaciones temporales por incumplimientos contractuales y otras permanentes por la presentación de documentos falsos o adulterados. Además, se cancelaron y suspendieron 91 registros de proveedores vinculados a delitos de corrupción.

Aunque no se detalló el número exacto de empresas que proveen servicios a las instituciones gubernamentales, el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) muestra un total de unas 80,034 empresas activas registradas como proveedoras del Estado en la actualidad.

Dentro de ese grupo de empresas activas, se encuentran entidades con historias que se remontan a décadas atrás, aunque todas se registraron como proveedoras del Estado a partir de 2005, cuando se inició un proceso para modernizar las compras públicas. De las 80,034 empresas activas, unas 8,568 son Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes).

El SECP contiene información sobre más de 125 mil empresas, incluyendo aquellas cuya razón social ha sido cancelada, desactualizada, inactiva o suspendida. En total, según el listado, Compras y Contrataciones ha cancelado 9,159 empresas, desactualizado 32,019, inactivado 3,126, inhabilitado 124 y suspendido 653.

Entre las empresas suspendidas recientemente se encuentran varias relacionadas con el caso de pagos de sobornos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), como Farmacard, KHERSUN, Deleste, JCMV Despacho Legal, Nutri-Med Cas, Nutrición & Medicina, Lufarca, Flavorheart Food Parts, Grupo Siulrod, Comercializadora Netofa, Comercializadora Gabao y Comercializadora Harif, entre otras.

Estas medidas buscan garantizar la transparencia y la integridad en las contrataciones públicas, protegiendo los recursos del Estado y promoviendo la legalidad en las relaciones comerciales con proveedores gubernamentales.