La Contraloría General y el Debate sobre la Publicación de Auditorías
En medio de la controversia generada por las auditorías realizadas entre 2020 y 2022, la Contraloría General de la República ha decidido no publicar más informes. Los resultados de estos estudios permanecen archivados, esperando la decisión del Poder Ejecutivo para su divulgación.
La Contraloría, en respuesta a una solicitud de información en enero, se negó a compartir los informes, argumentando que deben ser oficializados por el Poder Ejecutivo. En agosto, la entidad reiteró su negativa, amparándose en la Ley 10-07, que no obliga a la publicación de estos documentos.
Este cambio en la política gubernamental contrasta con las directrices del presidente Luis Abinader, quien en 2020 ordenó auditar todas las instituciones públicas y publicar los resultados. Sin embargo, desde 2023, la publicación de auditorías se ha reducido significativamente.
Actualmente, solo 38 auditorías están disponibles en la página web de la Contraloría, de las cuales tres corresponden a 2026, un número mínimo frente a las 390 realizadas entre 2023 y 2025. Esto representa apenas el 9.7% de las auditorías ejecutadas en ese periodo.
La Contraloría también ha retenido auditorías específicas, como las realizadas al Ministerio de Agricultura, argumentando que son preliminares. No obstante, el contralor Geraldo Espinosa Pérez ha defendido la reserva de estas informaciones, en contraste con su antecesor, quien abogaba por la transparencia.
Espinosa Pérez sostiene que la Ley 10-07 no obliga a publicar los informes de auditoría, destacando que su finalidad es que la entidad auditada corrija las situaciones identificadas. Además, señala que el Poder Ejecutivo tiene un rol clave en la divulgación de estos informes.
Por otro lado, la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública establece que la administración debe proveer información contenida en documentos bajo su control, aunque permite excepciones para borradores o documentos no definitivos.
La falta de acceso a estas auditorías limita el conocimiento ciudadano sobre el uso de los fondos públicos. La Cámara de Cuentas tampoco ha publicado auditorías oportunamente debido a conflictos internos, dejando una parte considerable de la gestión financiera del Estado fuera del alcance público.
