Desafíos en la aplicación de la ley de tránsito para motoristas
En Santo Domingo, la regulación efectiva del tránsito de motocicletas sigue siendo un desafío significativo, a pesar de que la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece claramente las disposiciones para este sector. Tanto las restricciones como las sanciones previstas en esta normativa aún no logran ser implementadas de manera efectiva por las autoridades, ni internalizadas por los conductores de motocicletas.
Entre las restricciones que establece la ley se incluyen la prohibición de usar celulares mientras se conduce, una norma particularmente difícil de aplicar para los repartidores y mensajeros que dependen de sus teléfonos para recibir instrucciones. Además, se prohíbe el transporte de niños menores de ocho años, sujetarse a otro vehículo en movimiento, circular sin casco, usar faros no homologados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y una serie de conductas como adelantarse imprudentemente por la derecha o entre vehículos.
La normativa también señala que las motocicletas no deben llevar más de dos personas. Además, está prohibido transportar personas o animales entre los brazos o las piernas del conductor, y las carreras clandestinas están tajantemente vetadas. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva multas significativas, como lo establece el párrafo I del artículo 76, que impone sanciones a quienes realicen transporte remunerado sin la debida licencia o en motocicletas no registradas para tales fines.
Por otro lado, el Intrant junto con los ayuntamientos tienen la responsabilidad de regular el uso de las motocicletas mediante registros municipales, un proceso que aún enfrenta dificultades en su implementación. Hasta ahora, sólo el Ayuntamiento de Santo Domingo Este ha intentado llevar a cabo esta medida, aunque con resultados limitados, reflejo de la persistente desorganización en las calles. En este contexto, figuras como el senador Antonio Marte abogan por un mayor control y supervisión de los vehículos que circulan en el país para abordar esta problemática de manera más efectiva.
