El lawfare y sus víctimas: un daño difícil de compensar
A finales del siglo XIX, William E. Gladstone, primer ministro británico, resumió una verdad esencial: “la justicia demorada es justicia denegada”. Esta máxima, que sigue siendo relevante hoy, cobra nueva vida en el ámbito de la justicia dominicana, donde se han revocado cargos contra varios exministros bajo el expediente Calamar.
La jueza Altagracia Ramírez del Cuarto Juzgado de la Instrucción dictó un auto de no ha lugar a favor de José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Marcial Reyes, Rosa Arias Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena. Estos individuos habían sido acusados en un caso de corrupción administrativa, que muchos consideran un ejemplo de lawfare, término que describe el uso de procesos legales para debilitar a opositores políticos.
El fenómeno del lawfare, a menudo instrumentalizado por quienes detentan el poder, involucra la colaboración de diversas partes. Desde quienes controlan políticamente, pasando por jueces dispuestos a ejecutar órdenes, hasta medios de comunicación que difunden sin verificar el fondo de las acusaciones.
Aunque la decisión de la magistrada Ramírez ha puesto fin a las medidas de coerción contra los acusados y levantado restricciones financieras e inmobiliarias, el daño emocional y social es profundo y persistente. Este caso no es aislado, pues figuras como Freddy Hidalgo, Fernando Rosa y Carmen Magalys Medina Sánchez también han sido víctimas de una persecución considerada política durante la administración del expresidente Danilo Medina.
Mientras estas familias enfrentaban las repercusiones de una persecución judicial y mediática, el actual gobierno y su partido se consolidaban en el poder. La historia, eventualmente, juzgará a quienes promovieron estas acciones, dejando abierta la cuestión de quién compensará a las víctimas del lawfare.
