Empresas Enfrentarán Multas Millonarias por Delitos de Empleados Según Nuevo Código Penal
Santo Domingo.- El nuevo Código Penal dominicano introduce un cambio significativo al establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este cambio obliga al sector privado a supervisar estrictamente las acciones de su personal, asegurando que las empresas asuman las consecuencias legales por delitos internos, transformando así la cultura operativa nacional.
En una entrevista exclusiva con el periódico El Día, el abogado especialista en derecho corporativo, Eduardo Tavárez Guerrero, explicó que la legislación elimina el concepto de ‘delincuente’ para las organizaciones, sustituyéndolo por ‘infractor’, consolidando un modelo de justicia más moderno.
Las corporaciones deberán adecuarse normativamente antes del 5 de noviembre, plazo en el que todas las organizaciones, sin importar su tamaño, deberán estar al día con sus programas de cumplimiento para evitar sanciones patrimoniales por omisiones de sus colaboradores.
El régimen de consecuencias incluye severas sanciones económicas, con multas que oscilan entre 100 y 1,500 salarios mínimos, además de posibles inhabilitaciones estatales. En casos graves, la legislación contempla el cese total de operaciones, lo que Tavárez Guerrero describe como ‘muerte corporativa’.
Para mitigar estas sanciones, la normativa exige la implementación de controles preventivos eficaces. Las entidades pueden atenuar las penas si demuestran la existencia de canales éticos y protocolos de denuncia frente a fraudes o extorsiones.
La nueva legislación se basa en la autorregulación comercial, obligando a los inversionistas a actuar bajo el principio de buena fe. Los dueños deberán demostrar judicialmente que han tomado medidas adecuadas para evitar actos ilícitos en sus operaciones.
Estas reglas no solo afectan a grandes corporaciones, sino también a pequeños emprendimientos, imponiendo una carga económica que requerirá reestructurar la administración de negocios familiares en todo el país.
Para las micro y pequeñas empresas, la ley establece que el gerente debe asumir el rol de oficial de cumplimiento normativo, lo que genera riesgos si este actúa de manera fraudulenta. Sin embargo, la normativa permite que los directivos demuestren su inocencia si descubren irregularidades administrativas, pudiendo salvar a la empresa si se despide y se querella contra el gerente involucrado.
