Expertos Revelan que No Existen Subsidios Reales a los Combustibles en República Dominicana
Santo Domingo.- En República Dominicana, no se aplican subsidios reales a los combustibles, sino que una estructura de costos e impuestos eleva significativamente los precios al consumidor.
Esta conclusión fue compartida este miércoles por el dirigente sindical Juan Hubieres y José Luis Moreno San Juan, experto del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), antes de presentar el “Análisis del Precio de los Combustibles”.
Hubieres, presidente de la Federación Nacional de Transporte de la Nueva Opción (Fenatrano), afirmó que, contrario a lo que sostienen las autoridades, el Estado no subsidia los combustibles. En cambio, los ciudadanos enfrentan sobrecostos acumulados durante años.
El dirigente señaló que el gas licuado de petróleo (GLP) presenta un sobrecosto de alrededor de 34 pesos por galón, generando miles de millones de pesos adicionales al Estado.
Hubieres también criticó la existencia de cargos ocultos en la estructura de precios, vinculados a inversiones en infraestructura privada financiadas indirectamente por los consumidores.
Por su parte, Moreno San Juan explicó que el principal componente del precio de los combustibles es la carga impositiva, establecida desde la Ley 112-00 y aumentada con el tiempo.
Detalló que los impuestos fijos por galón, originalmente de 15 pesos para gasolina regular y 18 para la premium, han sido indexados hasta niveles cercanos a 77 y 97 pesos, respectivamente.
A esto se suma un impuesto ad valorem del 16%, generando un “impuesto sobre impuesto” que impacta el precio final.
Moreno San Juan aseguró que el GLP es uno de los combustibles con mayores distorsiones en su precio, vendiéndose por encima de los 137 pesos debido a cargos que debieron eliminarse desde 2019.
El experto aclaró que existe confusión entre subsidio y sacrificio fiscal, indicando que un subsidio implica vender por debajo del costo, lo cual no ocurre con los combustibles principales.
Ambos coincidieron en la necesidad de revisar la fórmula de fijación de precios y establecer un sistema más transparente, proponiendo la creación de un fondo de estabilización auditable.
También sugirieron abrir el debate público sobre la estructura de costos y eliminar exoneraciones que benefician a sectores específicos.
