Futuro de la Mina Quisqueya I en la Balanza: Decisión del TSA y Posibles Apelaciones

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha dictaminado que el Estado dominicano puede poner fin a los contratos con Falconbridge Dominicana, que ha operado el yacimiento Quisqueya I durante casi setenta años. Sin embargo, la reanudación de las actividades de explotación de ferroníquel aún está en suspenso.

La empresa Falcondo, que posee un 9.98% de participación estatal y es dueña de los terrenos, podría apelar esta decisión. Además, su reestructuración o liquidación está pendiente de resolución por otro tribunal en Santiago, tras la paralización de operaciones desde noviembre de 2023.

José Eurípides Florentino Rodríguez, presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), destacó que el Estado mantiene sus derechos como accionista, a la espera de la decisión del Tribunal de Reestructuración y Liquidación.

El fallo del TSA, emitido por los jueces Antonio Sánchez, Úrsula Carrasco Márquez y Edward Abreu, se basó en la inactividad del yacimiento y el incumplimiento de la Ley Minera 146-71, que exige informes periódicos y prohíbe la inactividad prolongada de una concesión.

Eric Raful Pérez, abogado del Fonper, calificó la decisión como trascendental para el Estado, permitiéndole recuperar el control sobre yacimientos mineros. Esto abriría la puerta a nuevas concesiones o a la explotación bajo modalidades legales vigentes.

El director ejecutivo de la Cámara Minera Petrolera, Martín Valerio, subrayó que la inactividad no equivale automáticamente al abandono de la concesión, y destacó la necesidad de actualizar la ley minera para clarificar estos términos.

El caso ha tenido un impacto significativo en la provincia Monseñor Nouel, con más de 900 trabajadores desvinculados y obligaciones pendientes con empresas locales que superan los 100 millones de dólares.