Impacto Económico de la Vigilancia Privada Informal en la Seguridad Social Dominicana
En Santo Domingo, cada puesto de vigilancia privada informal representa una pérdida de aproximadamente RD$67,000 anuales en cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social, según Grupo EULEN República Dominicana.
Este cálculo se basa en el salario mínimo sectorial de la vigilancia privada, fijado en RD$24,633 mensuales desde febrero de 2026, y las tasas de cotización de la Resolución 01-2025 de la Tesorería de la Seguridad Social.
Las obligaciones de cotización incluyen el Seguro Familiar de Salud, pensiones, riesgos laborales, INFOTEP y el aporte del trabajador, que equivalen al 22% del salario cotizable por cada puesto formal.
Cuando el servicio es informal, estos recursos no se destinan a las Administradoras de Riesgos de Salud ni a las cuentas de pensiones de los vigilantes.
Grupo EULEN estima que entre 30,000 y 45,000 vigilantes trabajan informalmente, lo que podría representar una brecha de entre RD$2,000 millones y RD$3,000 millones anuales en cotizaciones.
La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) calcula una fuga total de más de RD$1,600 millones al año.
Eilin Díaz, gerente general de Grupo EULEN, advierte que el diferencial de precio entre servicios formales e informales no es un ahorro, sino un riesgo diferido.
Díaz señala que el 22% no cotizado es la pensión y cobertura que los vigilantes no tendrán en caso de incidentes.
Actualmente, ninguna institución estatal publica cuántos vigilantes operan fuera del marco legal, aunque la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada lista las empresas reguladas.
EULEN sugiere que se publiquen los registros de vigilantes y nóminas sectoriales para evaluar mejor la informalidad en el sector.
Este planteamiento surge en medio de una redefinición normativa del sector, con una reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional que endurece sanciones contra la asignación de agentes a labores privadas.
El gremio también pide una actualización de la legislación que regula la seguridad privada, un sector que emplea a cerca de 62,000 personas formalmente.
