Investigación en marcha por posible colusión en licitación de alimentos de Inaipi
El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) ha detectado posibles indicios de colusión entre tres empresas en una licitación para el suministro de alimentos a centros de atención infantil en la región Metropolitana. A pesar de esto, se adjudicaron contratos por más de 232 millones de pesos.
La situación fue documentada en el Acto Administrativo núm. CC-2026-0144, emitido por el Comité de Compras y Contrataciones de Inaipi. El caso ha sido remitido a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) y a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para su investigación.
La licitación en cuestión es la Pública Nacional INAIPI-CCC-LPN-2025-0029, destinada al abastecimiento de alimentos para los centros de atención infantil. Durante la revisión, se encontraron coincidencias significativas en las propuestas de PANACO, S.R.L., García Tejera & Asociados, S.R.L. y Tenedora Gaboc, S.R.L.
El comité observó similitudes en los productos ofertados, incluyendo marcas, números de lote, fechas de fabricación y catálogos técnicos. Aunque es común que diferentes proveedores vendan productos de los mismos fabricantes, la coincidencia simultánea de lotes y fechas específicas es inusual.
A pesar de estos hallazgos, Inaipi aprobó el informe de evaluación económica, adjudicando a PANACO los lotes I y III por RD$47,245,646.64 cada uno; a García Tejera & Asociados el lote XXI por RD$70,123,862.88; y a Tenedora Gaboc el lote XXIII por RD$67,460,061.60.
El Comité de Compras de Inaipi está compuesto por José Manuel Vidal Tejeda, Juan Manuel Hernández Buret, Cesario Santana Cruz, Juliana Pérez y Juan Carlos Made Zabala. PANACO presentó un escrito de defensa rechazando las acusaciones de colusión, argumentando que las coincidencias podrían deberse a proveedores comunes y prácticas de mercado.
Inaipi aclaró que el acto administrativo no es una sanción ni implica descalificación automática, sino un análisis preliminar para alertar sobre riesgos a la libre competencia y mantener la transparencia del proceso.
El proceso de contratación continuará mientras ProCompetencia y la DGCP realizan las investigaciones pertinentes. La legislación dominicana prohíbe acuerdos entre empresas para coordinar ofertas en licitaciones públicas, conocidos como “bid rigging”.
La Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia establece que estas prácticas pueden afectar la libre competencia y el uso eficiente de los recursos públicos, por lo que el comité consideró necesario remitir el expediente a los organismos especializados.
