La Desconfianza: Un Obstáculo para el Progreso en República Dominicana
La desconfianza se ha convertido en un obstáculo significativo para la economía y la convivencia en República Dominicana. Aunque es natural tener reservas frente a quienes ejercen el poder, el problema surge cuando la duda se convierte en la norma para interpretar las acciones de los demás.
Los ciudadanos miran con recelo a las autoridades, mientras que los empresarios dudan de la estabilidad de las reglas y las intenciones del Gobierno. Los sindicatos temen que las decisiones públicas puedan reducir derechos o favorecer a ciertos sectores, y el Gobierno recibe con reservas las propuestas de empresarios, sindicatos y organizaciones sociales.
Este clima de sospecha también afecta las relaciones cotidianas. En la comunidad, las iniciativas compartidas pueden generar dudas sobre quién se beneficiará. En el ámbito familiar, las diferencias pueden llevar a atribuir intenciones antes de escuchar las razones de los demás. En el trabajo, la colaboración se ve afectada cuando las decisiones se reciben con prevención.
La Encuesta de Cultura Democrática 2022-2023 reveló que ninguna de las instituciones evaluadas inspiraba confianza en al menos la mitad de la población dominicana. Tres de cada cinco personas confiaban poco o nada en la Presidencia y la Junta Central Electoral, y cuatro de cada cinco expresaban desconfianza hacia el Congreso, la Policía, los altos funcionarios y los partidos.
La desconfianza también se extiende a la información. Las cifras oficiales y los estudios técnicos suelen aceptarse o rechazarse según quién los presente. Este clima de sospecha pesa especialmente cuando el Estado propone decisiones de gran alcance, como una reforma fiscal.
La reforma del Código de Trabajo es otro ejemplo de cómo la desconfianza agrava los obstáculos para el progreso. La normativa vigente data de 1992, y aunque el mercado laboral ha cambiado profundamente, la reforma sigue sin aprobación definitiva.
La desconfianza puede tener razones legítimas, como la falta de transparencia y las promesas incumplidas. Para romper este círculo vicioso, las instituciones deben actuar con coherencia y ofrecer información verificable, mientras que la sociedad debe estar dispuesta a examinar la evidencia.
El clima de sospecha tiene costos concretos, como el retraso en las reformas y la dificultad para alcanzar acuerdos. Para revertir esta situación, es crucial la publicación de datos y evaluaciones independientes del gasto público, así como negociaciones con compromisos escalonados y verificables.
La confianza no significa pensar igual ni renunciar al derecho de cuestionar. Una sociedad democrática necesita desacuerdos, vigilancia y crítica, pero es esencial que estas diferencias se gestionen con reglas compartidas y disposición a escuchar.
