La Gobernanza Preventiva: Clave para el Desarrollo Sostenible en República Dominicana
La República Dominicana enfrenta un desafío crucial: ¿debemos anticipar los riesgos o simplemente gestionar las crisis cuando ya han estallado? Esta pregunta es esencial al discutir grandes proyectos de desarrollo, especialmente en el ámbito de la minería.
La diferencia entre sociedades que progresan y aquellas atrapadas en ciclos repetitivos radica en la capacidad de anticipar riesgos mediante una gobernanza preventiva. Los recientes incendios forestales en España han demostrado que el verdadero problema no es el fuego en sí, sino la falta de planificación y coordinación previa.
Esta lección es aplicable a la minería en nuestro país. A menudo, esperamos a que surjan conflictos para dialogar y a que se instale la desconfianza para explicar los proyectos. Sin embargo, nuestra Constitución, en sus artículos 66 y 67, impone al Estado el deber de prevenir el deterioro ambiental y proteger los recursos naturales.
El Tribunal Constitucional ha reforzado este mandato, recordando que la protección ambiental requiere decisiones basadas en criterios técnicos y una tutela preventiva de los derechos fundamentales. La mejor protección es la que evita el daño, no la que actúa después.
La gobernanza minera debe orientarse por estos principios. La minería no necesariamente divide a la sociedad; el problema radica en cómo se discute sobre ella. Defender el medio ambiente no es contrario al desarrollo, y viceversa. La polarización surge cuando se ignora la evidencia y se sustituyen los argumentos por etiquetas.
Una democracia madura transforma el desacuerdo en decisiones legítimas. La minería responsable requiere confianza, que se construye con información pública de calidad, diálogo temprano con las comunidades y supervisión continua.
Este es un momento oportuno para implementar estas ideas. El sector minero está en proceso de reforma de su marco legal, lo que representa una oportunidad para incorporar la prevención, la transparencia y la participación desde el diseño de las reglas.
La prevención como política de Estado también necesita herramientas. Así como existen mapas para identificar zonas vulnerables, se requieren instrumentos para anticipar riesgos ambientales, sociales e institucionales antes de que se conviertan en conflictos abiertos.
Actuar solo después de la crisis es administrar consecuencias. Fortalecer las instituciones antes de la crisis es construir gobernanza. La Constitución nos exige evitar el incendio, no esperar a que ocurra.
