Legisladores Dominicanos Defienden la Entrada en Vigor del Nuevo Código Penal

Legisladores Dominicanos Defienden la Entrada en Vigor del Nuevo Código Penal

En Santo Domingo, el nuevo Código Penal dominicano enfrenta un nuevo desafío: la propuesta de aplazar su entrada en vigor, programada para el 3 de agosto. Esta iniciativa ha generado un fuerte rechazo entre los legisladores que han trabajado durante más de dos décadas en su aprobación.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, junto con el vocero del PRM, Amado Díaz, y el diputado Ramón Bueno, han manifestado su firme postura de que el Código debe implementarse en la fecha estipulada. Argumentan que cualquier mejora necesaria puede realizarse posteriormente a través de modificaciones legislativas.

Diversos sectores, como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Colegio Médico Dominicano, han pedido revisar algunos artículos y considerar el aplazamiento mientras se resuelven acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, De los Santos insiste en que el país no puede seguir esperando, ya que la justicia necesita herramientas para abordar nuevas modalidades delictivas.

Amado Díaz sostiene que las diferencias sobre ciertos artículos no justifican detener la normativa completa, y que cualquier error puede corregirse sin frenar su implementación. Ramón Bueno recuerda que la reforma fue discutida ampliamente y que el Congreso logró un consenso esperado por décadas.

El proceso de reforma del Código Penal ha sido uno de los más complejos en la historia legislativa del país, enfrentando obstáculos como el debate sobre las tres causales del aborto. Este tema dividió a la sociedad entre grupos feministas y conservadores, prolongando el proceso de aprobación.

Finalmente, los congresistas consideran que aplazar nuevamente la entrada en vigor del Código significaría retrasar un proceso que costó décadas de consenso político. A pesar de las críticas a artículos específicos, algunos perciben que hay intereses que buscan evitar la implementación de una legislación que endurece penas y amplía las herramientas para perseguir delitos.