Nuevo Código Penal Dominicano: Implicaciones para Periodistas en el Extranjero
NUEVA YORK.– El destacado jurisconsulto dominicano Víctor Eddy Mateo Vásquez, Ph.D., ha abordado las implicaciones del nuevo Código Penal dominicano, Ley 74-25, que entrará en vigor el 3 de agosto. Esta legislación ha suscitado un debate sobre cómo afectará a periodistas y comunicadores que operan desde el extranjero en temas de difamación e injuria.
Mateo Vásquez aclara que, aunque algunos creen que la nueva ley podría permitir la persecución penal de quienes publiquen sobre República Dominicana desde el exterior, la situación es más compleja. Factores como las reglas de competencia y el lugar de los hechos influirán en la aplicación de la ley.
El experto, con formación en la Universidad de Salamanca y profesor en UNIBE, enfatiza que residir o transmitir desde fuera del país no exime automáticamente a un periodista de la jurisdicción dominicana. Sin embargo, tampoco los coloca completamente fuera de su alcance.
Si una publicación tiene efectos directos en el territorio dominicano o afecta derechos protegidos, podría surgir un conflicto sobre la competencia de los tribunales dominicanos. Esto siempre respetando las garantías constitucionales y el derecho internacional.
La persecución de un caso no depende solo del Código Penal Dominicano. Los tratados internacionales y acuerdos de asistencia jurídica también juegan un papel crucial, especialmente cuando se trata de derechos fundamentales como la libertad de expresión.
Más que una amenaza, la nueva ley abre un espacio para el debate jurídico sobre el equilibrio entre el honor y la libertad de información en un mundo digital. La interpretación de los tribunales y la cooperación internacional serán claves para definir su alcance.
El principal reto para los periodistas, dentro o fuera del país, sigue siendo informar con veracidad y responsabilidad. El nuevo Código Penal refuerza la importancia de mantener el debate público dentro de un marco de respeto y debido proceso.
Mateo Vásquez, experto en diversas ramas del derecho, ha sido subdirector de ONAPI y asesor del Poder Ejecutivo, aportando su conocimiento a esta discusión crucial.
