Nuevo Proyecto de Ley Busca Proteger el Patrimonio Cultural Dominicano
El Congreso Nacional de la República Dominicana está debatiendo un proyecto de ley que busca equilibrar la protección del interés público con las restricciones estatales sobre el patrimonio cultural.
Esta propuesta legislativa pretende reformar el régimen de conservación de bienes culturales, ampliando las facultades del Estado sobre inmuebles, objetos y manifestaciones culturales, incluso si son de propiedad privada. Aunque no convierte estos bienes en propiedad estatal, se establecen controles más estrictos sobre su uso, transferencia e intervención, y se contempla la expropiación en ciertas circunstancias.
El proyecto define como patrimonio cultural de la nación a los bienes muebles e inmuebles, tanto públicos como privados, que posean valor histórico, arqueológico, artístico, documental, científico, etnológico o arquitectónico. También incluye el patrimonio inmaterial, subacuático y colecciones de relevancia cultural. El Ministerio de Cultura será el encargado de identificar, registrar, proteger y administrar este patrimonio.
Los propietarios de bienes declarados patrimoniales mantendrán su derecho de propiedad, pero estarán sujetos a un régimen especial de obligaciones. Estas incluyen mantener los bienes en buen estado de conservación, permitir inspecciones oficiales, solicitar autorización para intervenirlos o modificarlos, y notificar al Ministerio de Cultura cualquier intención de transferir la propiedad.
El proyecto establece un derecho preferente de adquisición a favor del Estado. Si un propietario decide vender un bien patrimonial, deberá ofrecerlo primero al Estado dominicano, que tendrá un plazo para decidir si ejerce esa opción. Solo si el Estado renuncia o deja vencer ese plazo, el bien podrá ser vendido a un tercero.
Además, se prohíben intervenciones en monumentos nacionales sin autorización del Ministerio de Cultura, se restringe la salida del país de bienes patrimoniales, se regulan las excavaciones arqueológicas, se declara propiedad del Estado los hallazgos arqueológicos y se fortalecen las medidas contra el tráfico ilícito de piezas culturales.
El proyecto también crea un régimen de sanciones con multas de entre 10 y 50 salarios mínimos del sector público, un fondo para financiar la ley y un sistema nacional de registros. Aprobado en segunda lectura por el Senado el 24 de julio, ahora deberá ser conocido por la Cámara de Diputados antes de pasar al Poder Ejecutivo.
