Reforma del Derecho de Familia: Un Paso Necesario hacia la Modernización

Reforma del Derecho de Familia: Un Paso Necesario hacia la Modernización

La Ley 136-03, conocida como el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, fue un hito en 2004 para la protección de la niñez en la República Dominicana. Sin embargo, dos décadas después, se hace evidente la necesidad de actualizar este marco legal para alinearlo con la Constitución, las leyes complementarias y los estándares internacionales.

El Libro Segundo, centrado en el Derecho de Familia, destaca el interés superior del niño como principio y derecho fundamental. Se busca mejorar la participación de los menores en asuntos que les afecten, tanto administrativos como judiciales.

Las innovaciones propuestas se agrupan en seis ejes: familia, filiación, autoridad parental, guarda y visitas, pensión alimentaria y procedimientos especiales en materia de familia. La familia se redefine como una realidad social plural y dinámica, reconociendo diversas estructuras familiares que merecen protección legal.

La reforma también aborda nuevas formas de filiación derivadas de avances científicos y cambios sociales, garantizando el derecho a la identidad y estabilidad jurídica de los menores. Se incorpora la filiación socioafectiva, reconociendo vínculos construidos desde el afecto y el cuidado.

Se revisan conceptos como la autoridad parental, ahora entendida como responsabilidad parental, subrayando deberes compartidos de cuidado y protección. La reforma amplía la protección contra la violencia, incluyendo el entorno digital.

En cuanto a la guarda, se propone el término “cuidado personal” para reflejar un enfoque centrado en el menor. Las visitas deben garantizar la estabilidad y bienestar del niño, evitando fórmulas automáticas.

Sobre las pensiones alimentarias, se busca mejorar su efectividad, extendiendo el derecho hasta los 21 años si el joven estudia, y creando un Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La reforma pretende fortalecer la tutela del derecho alimentario y promover la corresponsabilidad.

El éxito de esta reforma se medirá por su capacidad de ofrecer respuestas efectivas a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, así como de sus familias, en un contexto legal más sensible y adaptado a las realidades actuales.