Tribunal Constitucional Anula Decreto sobre Horario de Bebidas Alcohólicas
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha declarado inconstitucional el Decreto 308-06, que regulaba el horario de venta de bebidas alcohólicas en colmados y centros de diversión. Esta decisión ha generado diversas reacciones en los sectores sociales del país.
El abogado y politólogo Franklin Mercado ha elogiado la sentencia, argumentando que un decreto no puede restringir indefinidamente derechos fundamentales como la libertad económica y la libertad de empresa. Según Mercado, tales regulaciones deben estar respaldadas por una ley aprobada conforme al marco constitucional.
Mercado enfatizó que los derechos fundamentales no pueden ser regulados indefinidamente por un decreto, ya que la Constitución de 2010 exige que cualquier limitación a estos derechos sea establecida por una ley formal emanada del Congreso Nacional.
La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo también ha respaldado la decisión del Tribunal, reconociendo que corresponde al Congreso legislar sobre aspectos relacionados con los derechos fundamentales. Se ha considerado prudente un plazo de dos años para la entrada en vigencia de una nueva legislación.
Mientras tanto, el decreto continuará vigente para evitar la falta de regulación que garantice el orden público y la seguridad ciudadana. Mercado destacó que la medida no solo buscaba regular el horario de venta de alcohol, sino también concienciar sobre el consumo excesivo y sus consecuencias.
A pesar de que algunos establecimientos operan clandestinamente, el Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) sigue realizando labores de fiscalización para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.
Mercado considera que esta sentencia representa un hito en la delimitación de competencias institucionales, reafirmando que el presidente puede implementar medidas excepcionales de corta duración para garantizar el orden público.
El experto concluyó que el nuevo marco regulatorio desde 2010 ha abierto un espacio para un debate democrático en el Congreso Nacional, donde se debe consensuar una legislación que equilibre la seguridad ciudadana con los derechos fundamentales.
