Francisco Paulino Enfrentará la Justicia en Octubre por Cargos de Fraude y Lavado de Dinero
Francisco Paulino, representante estatal del distrito 16 de Essex, Massachusetts, se prepara para regresar a la corte el próximo 10 de octubre. Enfrenta ocho cargos de fraude electrónico y tres de lavado de dinero, relacionados con el uso indebido de fondos de ayuda por la pandemia de COVID-19.
Paulino, de 46 años y originario de la República Dominicana, fue arrestado el 26 de agosto por autoridades federales. Se le acusa de haber obtenido fraudulentamente más de 700,000 dólares en prestaciones por desempleo y préstamos para pequeñas empresas durante la pandemia.
Los fiscales alegan que parte de estos fondos fueron utilizados para operaciones inmobiliarias y para otorgar préstamos a clientes de su negocio hipotecario antes de asumir su cargo público. Los cargos de fraude electrónico podrían acarrear penas de hasta 20 años de prisión cada uno, mientras que los de lavado de dinero contemplan hasta 10 años por cada cargo.
La investigación federal que llevó a estos cargos comenzó hace aproximadamente tres años. Paulino, quien representa a Lawrence y Methuen, se declaró inocente de todos los cargos durante su comparecencia inicial.
Tras su arresto, Paulino fue liberado bajo condiciones estrictas, incluyendo restricciones de viaje. Además, se ordenó la suspensión temporal de sus negocios, entre ellos Madison Mortgage y Madison Tax, ambos implicados en la investigación.
Según la acusación, Paulino habría utilizado el Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA) para obtener beneficios a nombre de un familiar que desconocía la situación. También se le acusa de presentar documentos falsos para obtener préstamos EIDL, utilizando los fondos para fines personales y empresariales.
El caso de Paulino se suma al arresto reciente del alcalde de Lawrence, Brian DePeña, también dominicano, por cargos similares. Aunque las autoridades aseguran que ambos casos son independientes, las investigaciones han estado en curso por varios años.
La fiscalía federal ha calificado la conducta denunciada como indignante, subrayando la gravedad de los cargos contra ambos funcionarios.
