Revisión Urgente de los Derechos de las Adolescentes en Casos de Embarazo
Datos preocupantes indican que una de cada cinco adolescentes ha sido madre o ha estado embarazada, subrayando la urgencia de revisar la legislación actual.
Cuando una decisión afecta a una niña o adolescente, el principio del interés superior del niño debe ser prioritario. La Constitución dominicana, junto con la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley 136-03, obliga a la familia, sociedad y Estado a proteger sus derechos.
Este mandato es crucial para el Poder Legislativo al aprobar normas que impactan la vida y salud de niñas y adolescentes. Con la inminente modificación del Código Penal, es vital reconsiderar la penalización absoluta del aborto y su impacto en menores de edad.
Una niña embarazada sigue siendo una persona en desarrollo, con derechos propios y merecedora de protección especial del Estado.
Esta protección debe intensificarse en casos de violación, incesto, riesgo para la vida o salud de la menor, o inviabilidad fetal. En estas situaciones, conocidas como las tres causales, el Estado debe considerar el bienestar integral de la niña.
El derecho a la vida incluye la supervivencia, desarrollo integral y dignidad. En República Dominicana, una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años ha sido madre o ha estado embarazada, y el 2.1% de las niñas de 10 a 14 años ya ha tenido un hijo.
Entre 2019 y mayo de 2025, se registraron más de 16,000 casos de abuso sexual contra menores. Estas cifras reflejan a niñas y adolescentes víctimas de abuso y desprotección.
Forzar a una niña a continuar un embarazo producto de violación o incesto puede perpetuar la violencia inicial. La prohibición penal no debe impedir al personal médico proteger la vida y salud de una menor.
También debe considerarse el sufrimiento de continuar un embarazo con un feto inviable. Obligar a una niña a pasar por esto sin considerar su salud y dignidad puede ser una forma de violencia institucional.
Reconocer las tres causales no obliga a interrumpir un embarazo, sino que evita que el Estado imponga una única respuesta.
El Congreso Nacional tiene la oportunidad de priorizar el interés superior de las niñas y adolescentes en la legislación penal, protegiendo especialmente a las más vulnerables.
Incorporar las tres causales significa reconocer que la vida, salud y dignidad de las niñas y adolescentes también importan.
