Revolución en la Titulación de Propiedades: Bienes Nacionales Anuncia Cambios Cruciales
Miles de propietarios en la República Dominicana que enfrentaban restricciones para vender o hipotecar sus inmuebles podrían ver un cambio significativo gracias al programa de titulación de la Dirección General de Bienes Nacionales.
El director de la entidad, Rafael Burgos, ha informado que hay cerca de 18,000 títulos en proceso de entrega y que se planea liberar aproximadamente 350,000 títulos antiguos que aún son considerados ‘intransferibles’.
Esta liberación es posible gracias a la modificación de la Ley 339 por la nueva Ley 82-25 sobre Bien de Familia, que permite que los títulos provisionales de décadas pasadas sean regularizados.
Con esta medida, los propietarios podrán acceder a financiamiento bancario, ampliar sus viviendas o desarrollar actividades económicas, lo que representa un avance en la seguridad jurídica de sus propiedades.
Burgos explicó que con una certificación de Bienes Nacionales, el Instituto Agrario Dominicano (IAD) o el antiguo Consejo Estatal del Azúcar (CEA), estos títulos podrán ser liberados de su condición actual.
Recientemente, se entregaron 1,200 títulos en diferentes zonas, y 1,250 más en Haina, mientras continúan los esfuerzos para completar los procesos pendientes.
Una parte significativa de estos títulos corresponde a terrenos y viviendas vinculados al antiguo CEA, donde compradores pagaron por solares pero no recibieron los documentos legales de propiedad.
Se espera que antes de finalizar 2026 se realice una primera entrega de entre 3,000 y 4,000 títulos, con el objetivo de completar el programa en 2027.
El programa de titulación busca alcanzar 375,000 títulos para 2028, integrando esfuerzos de Bienes Nacionales, el CEA y otras entidades.
Para Burgos, la titulación no solo es un documento, sino una forma de otorgar seguridad jurídica a quienes adquirieron propiedades estatales legalmente.
En este contexto, destacó la recuperación del Ingenio Porvenir, donde el Estado invirtió RD$1,250 millones y pagó una sentencia de RD$812 millones en Madrid, recuperando así el ingenio y sus tierras.
